Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre). – Los y las empleados de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) que se mantienen en protesta, son acusados de usurpadores. Los manifestantes señalaron que ayer (7 de febrero 2024); miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llegaron con el propósito de realizar inspecciones y tomar fotografías, a raíz de una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público (MP), contra los empleados en protesta, en la que se les acusa supuestamente del delito de usurpación.

En narración al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la abogada Kenia Irías titular de la Dirección de Conflictos Sociales de esa oficina de gobierno y que se mantiene en acción de protesta junto a otras personas, comentó que los agentes de la DPI llegaron «armados para intimidarnos, con la intención de ingresar a las instalaciones, pero no se pudo porque están tomadas» en denuncia por los malos tratos, hostigamiento, acoso laboral y violaciones a derechos humanos a los cuales han sido sujetos las y los trabajadores de esta institución y que origino la acción de protesta, desde el pasado 18 de enero 2024.

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Es de señalar que la acusación por usurpación se suma a otras acciones de estigmatización e intimidación que anteriormente denunciaron los y las trabajadores de la SEDH contra su derecho a la libertad de expresión bajo la modalidad de protesta ciudadana como resistencia a los malos tratos laborales y humanos que son objeto por las máximas autoridades de la institución

https://clibrehonduras.com/2024/01/22/agresiones-a-la-libertad-de-expresion-denuncian-manifestantes-de-la-sedh/

El anuncio de la acusación por usurpación que podría ser formalmente imputada contra los y las trabajadores de la SEDH que desde hace 22 días protestan en las instalaciones de esa instancia gubernamental, fue pública hoy ante los medios de comunicación en conferencia de prensa con la representación de un velatorio.

Con vestimentas negras y de fondo la Bandera Nacional de Honduras y del Partido Libre, las personas en protesta dijeron que «Hoy han muerto los Derechos Humanos en Honduras». Luego se dio lectura a un comunicado de prensa repudiando “Profundamente estos actos de intimidación y criminalización realizados por la secretaria de Estado, Natalie Roque, por realizar nuestro derecho a la protesta pacífica y defender nuestro derecho humano a un trato digno, mejores condiciones laborales, estabilidad laboral y espacios seguros libres de hostigamiento”, sentenció Carlos Díaz otro de los integrantes de la protesta, en declaraciones a C-libre.

El señor Diaz también remarcó a C-Libre que “Nadie negocia y nadie se sienta a una mesa a dialogar y a mediar con una pistola en la cabeza”, respecto a la llegada de los miembros policiales a las instalaciones de esa oficina estatal, y recordó que algunos de los trabajadores que se mantienen en huelga, no han sido llamado a renovar su contrato laboral “En represalia por la protesta”.

Enlace a: Conferencia de prensa, empleadxs en protesta de la Secretaría de Derechos Humanos. (youtube.com)

Según las indagaciones de C-Libre la denuncia fue interpuesta, ante el Ministerio Público, por el equipo legal de esa institución del Estado de Honduras. Según confirmación pública de las máximas autoridades del Ministerio Público, el caso «se adjudico un fiscal y este procedió con un requerimiento de investigación para luego tomar una postura si cabe o no la acusación por usurpación».

Las personas de la SEDH, que se mantiene en la toma, apuntaron que “La presidenta de la República, Xiomara Castro, ha instruido a realizar un proceso de mediación franco y transparente, sin embargo, estas prácticas realizadas por la secretaria de Estado, Natalie Roque, obstaculizan la viabilidad del mismo y son contrarias a los principios democráticos que sostiene el Gobierno de la Refundación; por lo cual, responsabilizamos de toda profundización de la crisis institucional a la titular de ésta Secretaría de Estado”.

Asimismo, los protestantes hicieron un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, para “Brindar acompañamiento y mantenerse alerta ante la situación de vulneración de derechos humanos cometida contra las y los trabajadores que se mantienen en protesta en las instalaciones de la SEDH”.

Para finalizar, dejaron conocer que continúan abiertos para entablar un proceso de mediación “Franco y transparente. Sin embargo, para iniciar el mismo, es fundamental garantizar la no vulneración de los derechos humanos y el cese a la intimidación y criminalización de las y los trabajadores en protesta de la SEDH”.

Por su parte la ministra en los despachos de Derechos Humanos, Natalie Roque, señaló el compromiso y respeto irrestricto de parte del actual Gobierno, a la libertad de expresión, y detalló que  la presencia de agentes de la DPI, en las instalaciones de esta institución pública, es por una denuncia en dónde no se tipifica ningún delito, sino que se habla “Precisamente de la confidencialidad de expedientes que se resguardan en la institución y se le pide al Ministerio Público que haga el análisis y que tipifique”.

“No podemos invertir todo el tiempo en estar desmintiendo, sin embargo; es importante llamar a la responsabilidad y ese es uno de los mensajes con que yo me quedaría…Nuestro compromiso y es el de la Secretaría de Derechos Humanos, es con la tolerancia pese a las campañas que permanentemente existen en los medios, también otro compromiso es con no caer, ni en provocaciones, ni tampoco en mecanismos que a veces se utilizan para que se ofrezcan como ya se ha ventilado en casos como los que llevaba la MACCIH, pagos por el manejo de la información con determinado perfiles o abordajes”, argumentó la servidora pública.

En comunicación con el equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la defensora de derechos humanos, Dina Meza, dijo que “Se anunció la apertura de un dialogo, pero lo que hicieron es que ayer (7 de febrero), les mandaron agentes de la DPI, empistolados, que querían entrar a la fuerza al edificio, y que además querían investigar nombres de personas que están participando en la toma para hacer las citaciones correspondientes.

“Vimos la estrategia que traían y, los abogados señalaron que verificaron que hay una denuncia por usurpación interpuesta por una abogada que está de asesora de la ministra y es ilegal lo que se ha hecho, por lo tanto, hay criminalización de la protesta que trata de intimidar a los empleados para que cesen esta toma del edificio que es por violaciones a derechos humanos que están denunciando”, agregó Meza.

En representación del bufete “Justicia para los Pueblos”, la abogada Kenia Oliva acompañó a los protestantes, y adelantó al Comité por la Libre Expresión, que han analizado el caso de los trabajadores de la SEDH, y consideran que se tienen todos los presupuestos del delito penal, por acoso laboral vertical, discriminación, abuso de autoridad y usurpación de funciones, en contra de la titular de Derechos Humanos.

“Toda la documentación que tenemos, los testimonios que tenemos de los trabajadores, dan fe que han sido hostigados, torturados y muchos de ellos han terminado en el médico, han terminado en el psicólogo y en el psiquiatra, debido al hostigamiento que reciben por parte de la ministra”, pormenorizó la jurista.

De igual forma, Oliva, arguyó que esperan que la fiscalía hondureña, actúe con la debida diligencia y, aclaró que son 53 personas las que han estado en protesta desde el 18 de enero pasado, “Desafortunadamente en un gobierno que promueve la democracia, que ha llegado al poder debido al ejercicio de este derecho a la libertad de expresión a través de la protesta social, es lamentable que ayer agentes de la DPI, hayan venido a intimidarlos a raíz de una solicitud de proceso de mediación que están solicitando”.

Para finalizar, dijo que solicitarán al Ministerio Público, que asignen un fiscal para que haga las pericias del caso y realicen dictámenes psicológico y psiquiátricos que determinen que los empleados de la SEDH, han sido víctimas de vulneración de sus derechos laborales y humanos por parte de la ministra Natalie Roque.

Cabe resaltar que C-Libre, documentó y publicó el pasado 1 de febrero de 2024, otra alerta contra los empleados en protestas de la Secretaría de Derechos Humanos, quienes en ese entonces, denunciaron recibir acciones de intimidación por personas desconocidas que llegaron a las cercanías de las instalaciones de ese despacho gubernamental en la noche del martes 30 de enero del presente año, mismos que se conducían presuntamente en distintos automotores sin la legal identificación de placas vehiculares.

C-Libre, nuevamente reitera a las autoridades correspondientes a cumplir los derechos individuales de los ciudadanos hondureños, que mandan que toda persona tiene derecho a la manifestación pacífica, para expresar en público, de manera individual o colectiva, y por medios no violentos, la insatisfacción, desacuerdo o indignación con hechos o situaciones que les afecten directamente o perjudican el interés público, exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática.