ALERTA 50-2024
Tocoa, Colón (C-Libre).- Unos 16 casos con expedientes abiertos, se encuentran actualmente en los tribunales de Trujillo y Tocoa en el departamento de Colón, contra miembros de cooperativas campesinas y organizaciones defensaras de derechos como el de la tierra y el territorio. Asimismo, en el departamento de Yoro, se han presentado alrededor de 55 acusaciones contra luchadores campesinos, por suponerlos responsables del delito de usurpación y daños.
«Repudiamos las prácticas criminalizantes de Azunosa, que hasta la fecha (5 de marzo de 2024), ha presentado 15 acusaciones contra compañeras y compañeros del Movimiento Sin Tierra de Yoro, así como alrededor de 40 acusaciones adicionales contra miembros de la regional de El Progreso de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC-Progreso), basándose en supuestos delitos de usurpación y daños», resaltaron desde la Mesa Tierra y Territorio, en un pronunciamiento público.
Por su parte, una fuente de la Plataforma Agraria, de quien reservamos el nombre por razones de seguridad, remarcó al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que «Continua la criminalización en contra de luchadores defensores de la tierra…La mayor situación de riesgo es para quienes estamos organizados en defensa del territorio y esto agrava más la situación en vista que como Plataforma Agraria, hemos venido interponiendo denuncias en contra de grupos criminales».
La Central Nacional de Trabajadores del Campo, en una alerta similar de criminalización a defensores del territorio y la tierra, publicó en redes sociales, “Su gran preocupación por la persecución y criminalización de la cual son víctimas nuestros compañeros y compañeras campesinas, es urgente que las entidades del Estado hagan una verdadera investigación a fin de esclarecer las detenciones irregulares y solucionar definitivamente los casos jurídicos agrarios de nuestras bases campesinas”.
Entre las demandas de las organizaciones defensoras pertenecientes a la Mesa Tierra y Territorio, resalta la exigencia a los titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que estos se pronuncien sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en ese Poder del Estado, contra el Decreto 93-2021, el cual amplía el delito de usurpación, «Afectando a las familias campesinas que legítimamente reivindican su derecho a la tierra».
A renglón seguido, peticionan al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), y a la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), «Asumir un rol más proactivo en la protección de los derechos de las comunidades campesinas, más allá del registro de los hechos violentos en los territorios en el marco de los operativos de desalojo».
En el área legal del Comité por la Libre Expresión, son del criterio que «Estas acciones vuelven vulnerable la defensoría de la tierra y el territorio en el país, en vista que a las personas se les criminaliza en virtud de que se les señala un delito y luego se les judicializa por el delito enunciado, esto violenta la libertad de expresión y el control de convencionalidad».
A estas agresiones contra la libertad de expresión de vocerías comunitarias, se suman otras acciones violentas, como ser el asesinato de lideres comunitarios, el más reciente documentado por C-Libre, se trata de Marvin Dubón (23), socio de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Tranvio, quien fue asesinado por hombres fuertemente armados, en la noche del domingo 17 de marzo de 2024, según denunciaron las empresas asociativas, los movimientos campesinos y las cooperativas agropecuarias que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
De igual forma, se señala sobre el rapto de José Abel López, socio de la cooperativa campesina Remolino en el Bajo Aguán, quien fue secuestrado el 30 de enero 2024 por hombres fuertemente armados mientras se conducía con otros defensores de la tierra y el territorio en un vehículo tipo paila, mismo que fue interceptado por los malhechores, para llevarse al defensor con rumbo desconocido.
Entre las voces acalladas en el país, también destaca el asesinato por diversos motivos, de alrededor de diez miembros del pueblo garífuna, y la desaparición de cinco personas afrodescendientes, quienes fueron raptados por desconocidos con indumentaria policial, en la madrugada del 18 julio de 2020, en el Triunfo de la Cruz, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida y hasta la fecha su paradero sigue como desconocido, en una clara muestra de censura extrema y directa contra la población Garífuna de Honduras.
“Estas y otras agresiones contra el pueblo garífuna siguen sin tener una respuesta por parte de las autoridades correspondientes”, narró al Comité por la Libre Expresión un representante de la Asociación de Afrodescendientes en el Valle de Sula (ASAFROVA), a finales de 2023.
Desde C-Libre, recordamos que la Ley de Reforma Agraria en su Artículo 1, indica que “La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario”.
