ALERTA 65-2024
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre). – El profesional de las comunicaciones Carlos Panameño, fue acusado y sentenciado por el delito de lesiones producto de un altercado sostenido con un supuesto militante del partido Libertad y Refundación (Libre), a raíz de haber denunciado en diferentes de sus emisiones noticiosas, información no favorable a la actual gestión gubernamental de la mandataria Xiomara Castro.
Ante ese hecho, Panameño, relató al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión, que el próximo martes 30 de abril de 2024, recibirá la lectura de la sentencia y de la condena, misma que lo podría enviar a la cárcel, sin hasta el momento recibir una justicia efectiva de respuesta a las denuncias y acusaciones que dejó conocer sobre peligros a su vida y la de su compañera de hogar.
Carlos Panameño y su esposa la doctora y comunicadora Monserrat Arita, han venido denunciando ser víctimas de provocaciones y ataques por personas afines al partido político de Gobierno, como represalias a su trabajo periodístico. El caso más reciente registrado desde el Comité por la Libre Expresión, se suscitó el pasado febrero de 2024, cuando públicamente los afectados evidenciaron haber recibido un atentado contra su vida, cuando varias personas les cortaron los cables de transmisión de las cámaras de vigilancia de su casa, quebraron el vidrio de su vehículo y, los amenazaron a muerte.
Según relató en ese momento el afectado, las cámaras de seguridad de su hogar habían dejado de grabar a falta de energía eléctrica en la zona, por lo que los facinerosos aprovecharon ese momento para acercarse a su casa de habitación y, cortar los cables de estos dispositivos electrónicos, romper uno de los cristales del automotor propiedad del comunicador y, cuando estos se enteraron del suceso y dispusieron salir a investigar, fueron atacados con palabras soeces y amenazas a su vida.
“Cuando yo escucho los gritos de mi esposa fue cuando yo salí, le gritaban salí hija de la gran p, no sé cuántos había afuera, porque como estaba oscuro no se miraba, pero ya me habían quebrado el vidrio del carro y pateado el portón, ya habían dañado las cámaras y nos habían amenazado”, remarcó el entrevistado.
A renglón seguido, el otrora periodista de canal 39 y colaborador en canal 36, y su esposa también trabajadora en el medio de comunicación propiedad del periodista Esdras Amado López, detallaron que esta no es la primera ocasión que reciben ataques y amenazas producto de su labor informativa y por las críticas que hacen a los gobernantes de turno, por lo que consideraron que “Esto continúa y va a continuar, no es de ahorita las amenazas y las amenazas fueron que nos querían matar…Los colectivos de libertad y Refundación han optado por agredirnos”.
El comunicador adelantó que ya han interpuesto las respectivas denuncias ante las autoridades correspondientes y, agregó que buscan resguardo a sus vidas a través del Mecanismo Nacional de Protección (MNP), de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH).
Por su parte la doctora Arita, esposa de Panameño, consideró que “A nosotros en cualquier momento nos van a matar y responsabilizamos al gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento y a su esposo Manuel Mel Zelaya si algo nos pasa”.
Desde el área legal del Comité por la Libre Expresión, son del criterio que este tipo de acciones denotan los altos niveles de violencia y confrontación que se viven en el país, dónde los ciudadanos con uso de amenazas y la fuerza, tratan de intimidar a los miembros de la prensa, en busca de evitar que estos critiquen o comuniquen algunas irregularidades.
Cabe resaltar que, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó al Estado de Honduras en 2015, “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, incluyendo el reconocimiento de la labor periodística y la condena pública respecto de los asesinatos y toda violencia física contra periodistas, omitiendo cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para los periodistas”. Desde el Comité por la Libre Expresión, exigimos a las autoridades policiales y demás competentes, a que, en el cumplimiento de su deber, investiguen lo ocurrido, para dar una respuesta a los afectados y, deducir las responsabilidades que corresponden.
