ALERTA 12-2026
Omoa, Cortés (C-Libre).- El comunicador social Mauricio Ortega enfrenta lo que considera un proceso de criminalización derivado de su labor informativa puesto que recibió una llamada de la Secretaría Municipal del Juzgado de Paz de Omoa, citándolo a comparecer a una audiencia de FALTAS CONTRA LAS PERSONAS; interpuesta en su contra.
Según relató al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al momento Ortega afirma desconocer quién interpuso la acción en su contra. Supone que el caso se remonta a septiembre de 2025, cuando recibió la primera llamada de un estudiante que denunciaba presuntos cobros ilegales por parte de un profesor.
Las acusaciones parecían absurdas, dijo Ortega “multas por portar celular, por ir al baño, por chatear en clase; decomiso de teléfonos y cobros para recuperarlos”, por lo que en un inicio, Ortega dudó de la veracidad del señalamiento y no dio curso inmediato a la denuncia.
Sin embargo, a finales del mismo mes o inicios de octubre 2025, un padre de familia reiteró la acusación, considerando que el asunto ahora era comentado por un adulto responsable y no otro estudiante, fue entonces cuando Ortega decidió acudir personalmente al centro educativo para verificar la información.
En dos ocasiones intentó localizar al docente señalado, sin éxito. En la narración personal a C-Libre se desprende que una fuente informativa de la dirección distrital, de la zona, se comunicó con el periodista. “Según su testimonio, le habría pedido que ayudara a denunciar los hechos de forma anónima”, señalando que el docente era amigo personal de un alto funcionario de educación.
Ortega continuó con su labor de verificación, hace algunos días volvió al centro educativo y entrevistó al director, pero el tema no pudo abordarse ante cámaras, sino fuera de grabación, posteriormente trascendió que el caso estaba “solventado” pues el docente habría devuelto dinero y celulares y, además, había sido trasladado a otro instituto de la esa zona en el departamento de Cortés.
Para el área legal de C-libre, el patrón es preocupante, pues resulta desconcertante que un comunicador que recoge denuncias ciudadanas, intenta contrastarlas con autoridades educativas y publica información de interés público termina enfrentando una citación judicial y sin duda alguna este escenario encaja en lo que organismos defensores de la libertad de expresión han advertido como criminalización del ejercicio periodístico, especialmente a nivel local, donde las relaciones de poder suelen ser más cerradas y menos transparentes.
Para el profesional del Derecho Saúl Bueso, de está área de C-Libre, no se trata solo de una citación, sino del mensaje implícito “quien investiga y expone posibles irregularidades puede enfrentar consecuencias legales, aun cuando su actuación se haya limitado a documentar y difundir información de interés público”, sostiene Bueso.
Desde las oficinas de C-libre es imperativo poder recordar el marco legal y garantías que protegen la libertad de prensa en el país, para el caso la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 72, reconoce la libertad de emisión del pensamiento sin previa censura. Asimismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) protege el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que la utilización del aparato judicial para intimidar o sancionar a periodistas constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión.
Finalmente es importante señalar que cuando el sistema judicial se activa en contextos donde lo que existe es la difusión de información de interés público, el riesgo es que se configure un mecanismo de intimidación y la denuncia contra Mauricio Ortega es una situación que trasciende lo individual.
Lo que comenzó como una denuncia estudiantil sobre cobros indebidos ha derivado en una citación judicial contra quien decidió escuchar, verificar y comunicar, el fondo del asunto ya no es únicamente si existieron o no cobros irregulares; ahora el debate gira en torno a si investigar y publicar información de interés público puede convertirse en motivo de persecución.
Sin duda alguna, en Omoa, el mensaje que hoy se envía a la prensa local es delicado : informar puede tener costo.
