ALERTA 62- 2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- Bajo el cargo de «especulación», sería denunciado un periodista en el país, luego de informar sobre el alza a los precios de los productos de la canasta básica, específicamente del pollo y los frijoles, según lo expresó el titular de la Dirección de Protección al Consumidor Enrique Santos.
Medios informativos en plataformas digitales, citaron que el funcionario asignado a la protección de los consumidores detalló que los requerimientos son bajo los cargos de supuesta especulación de precios y falsificación de documentos. Tal señalamiento es para un presidente de mercados de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés y dos del Distrito Central, en Francisco Morazán “y se suma un mercado más Zonal Belén y tiene que ver también un periodista de un medio de comunicación”, dijo sin especificar el nombre.
Según Proceso Digital, Santos argumentó que “falsificaron una nota donde decía que iba a haber incremento de dos lempiras a la libra de pollo, tanto para Tegucigalpa como para San Pedro Sula”, donde están coludidos los directivos de mercados de San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Identificó a uno de los imputados de San Pedro Sula como el comerciante, Edwin Ferrufino de Mercado Dandy, que según dijo este “estableció que un periodista de una televisora muy famosa le extendió la nota de la cual se dio la especulación en San Pedro Sula”. En tanto, en Tegucigalpa, se trata de un comerciante de la feria ubicada en la colonia Villanueva y otro del mercado Zonal Belén.
Santos dijo que ahora, el Ministerio Público establecerá una hoja de ruta para presentar los requerimientos fiscales.
Ver nota completa: https://proceso.hn/director-de-proteccion-al-consumidor-se-va-contra-la-prensa-amenaza-con-denuncias-ante-mp/
Es de hacer notar que bajo el argumento de especulación, el gobierno que preside el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) ordenó la cancelación de la personería jurídica de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (ADECABAH) por considerarla como un espacio generador de especulación entre la población hondureña.
Ver nota completa: https://clibrehonduras.com/2025/06/04/gobierno-cancela-organizacion-de-proteccion-al-consumidores/
Adalid Irías, periodista y pasante de la carrera de derecho comenta que es una acción que él desde hace mucho tiempo venía anunciando que la censura y criminalización contra profesionales del periodismo y medios de comunicación por el sondeo de precios que hacen desde los mercados en manera directa y es ahí en donde se anuncian públicamente el aumento a los insumos de la canasta básica.
Indudablemente esto demuestra «lo que nosotros ya habíamos advertido que detrás del cierre de ADECABAH van a venir después con los medios de comunicación porque ahora los medios de comunicación hacen sondeo».
Irías, considera que esto es la punta del iceberg, «de ahí van a venir contra las iglesias, de ahí van a venir contra las organizaciones, de ahí van a venir contra gremios y la situación se va a tornar difícil» y peor en este momento de coyuntura electoral, se están tornando más hipersensibles a la crítica y eso no abona nada porque estamos prácticamente retrocediendo en la institucionalidad democrática en el país y «peligrosamente nos estamos ya acercando a las realidades de Venezuela y a las realidades de Nicaragua y eso va a ser terrible para el país», concluye Irías.
Desde la oficina del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) consideramos que la criminalización de un periodista impacta directamente en la salud de la democracia, porque toca sus pilares fundamentales: la libertad de expresión y el derecho a informar.
Por otra parte, debilita la libertad de prensa. Cuando un periodista es criminalizado, se envía un mensaje de advertencia al resto del gremio; hablar «puede costarte claro». Así mismo, reduce el acceso ciudadano a información veraz. Si los periodistas temen investigar o publicar sobre temas sensibles, la ciudadanía pierde la oportunidad de conocer hechos relevantes sobre la gestión pública o la corrupción, sin información, las personas no pueden tomar decisiones libres e informadas.
Aumenta el desequilibrio de poder. Una democracia sana necesita que el poder político, económico y social sea vigilado y cuestionado. Criminalizar periodistas protege al poder de la fiscalización y deja a la sociedad sin contrapesos. También erosiona la confianza en las instituciones. Cuando el aparato estatal se usa para procesar penalmente a periodistas por su labor, se percibe como abuso de autoridad.
Finalmente es importante señalar que genera un clima de miedo y represión, pues más allá del caso puntual, el efecto psicológico se expande: otros actores sociales (líderes comunitarios, defensores de DDHH) también pueden autocensurarse, debilitando la participación ciudadana. En concreto, criminalizar a un periodista no solo silencia una voz, sino que apaga una luz necesaria para que la democracia respire y funcione.
