ALERTA 57-2024
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre). – La periodista Alba Azucena López, víctima de diferentes amenazas y agresiones producto de su acompañamiento a varias luchas sociales como defensora de derechos humanos, lleva más de un año enfrentando problemas laborales que vulneran su seguridad física y de salud, pese a tener medidas de protección por parte del Estado hondureño.
En comunicación con el equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la afectada relató que a raíz de haber dado acompañamiento al Sindicato de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados y Similares (Sitrasannays), para realizar a nivel del Poder Ejecutivo, gestiones en busca de adquirir fondos públicos para el pago de salarios atrasados y prestaciones en esa institución estatal, el actual gerente general de este despacho gubernamental, Ricardo Panchame, aparentemente emprendió contra ella una campaña de ataques para vulnerar su estabilidad laboral.
A renglón seguido, la también defensora de los bienes comunes, apuntó que las agresiones en su contra se han extendido a las redes sociales, cuando supuestos empleados cercanos al representante del SANAA, y familiares del mismo, han arremetido con mensajes estigmatizantes y de descredito la labor de la profesional de las comunicaciones.
López, detalló que ingresó al SANAA en agosto del 2022, durante la gestión del otrora gerente Leonel Gómez, quien dejó firmado su contrato para fungir en la jefatura de una de las áreas de esa institución pública, pero su situación laboral con la actual administración pasó a ser precaria, llegando incluso a tener que desarrollar sus labores junto con otros 120 empleados de la institución, en el parque el Obelisco, por no tener un espacio adecuado de trabajo, el cual debió ser acondicionado en su momento, en las instalaciones del SANAA, en la colonia Divanna de la capital.
Asimismo, argumentó que esas condiciones laborales pusieron en alta vulneración su integridad física, puesto que ejercía sus funciones en la vía pública, además tenían que marcar su asistencia laboral en un cuaderno en las oficinas de los directivos del Sitrasanaays, para dejar constancia ante los alegatos del patrono que refería que, en su expediente laboral, no se registra marcaje del reloj o presentación de ella en forma presencial a las oficinas del SANAA.
Desde la Dirección General del Sistema Nacional de Protección (SNP), adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), también extendieron una nota para poder constatar a las personas del interés de la beneficiaria, que ella se encontraba acogida con medidas de seguridad por el riesgo a su persona, misma que utilizó para demandar mejores condiciones de trabajo, las cuales nunca fueron otorgadas hasta su separación laboral de la institución, por decisión unilateral del patrono a inicios de enero de 2024.
“Vieron (las personas del CONADEH), esas condiciones de peligrosidad y hablaron con el gerente que no podía estar en esas condiciones y hablaron con él y se acordó en una reunión, que me iban a asignar oficina y las condiciones para ejercer mi cargo, se levantó una nota, se habló con el gerente, con el subgerente y con el subgerente de personal en ese momento, y solo quedó en eso en conversación, me fueron a mostrar la oficina…pero no la use, nunca me la dieron”, remarcó López.
Según una acta circunstanciada expedida por la Secretaría en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, el apoderado legal del SANAA, Carlos Alberto Delcid, manifestó que “La señora Alba Azucena, no fue despedida, solo se le notificó la no renovación de su contrato ya que este era por un cierto periodo de tiempo, y de hecho no se avocó a firmar un nuevo contrato de trabajo con el actual Gerente, sin embargo se le seguía cancelando su salario mensualmente aunque no se presentara a las instalaciones del SANAA, ya que no existe ningún registro de ella en cuanto al marcaje de reloj”.
Por su parte, López respondió que “Yo estaba asignada en el plantel de los filtros de la Divanna ahí marcaba porque de manera arbitraria se las tomo la UMAPS, y no dejaron entrar a ninguno de los 120 compañeros que estábamos asignados a ese plantel, por lo que los directivos del sindicato tenían un cuaderno dónde nos anotaban la asistencia y ese fue por un convenio con la Gerencia de la institución”.
Respecto al último contrato que mencionan que ella no se presentó a firmar para continuar laborando en el SANAA, continuó relatando la afectada, que “Ni lo conocí, desconozco que existía, nunca he sido llamada para firmar y tampoco para acciones de trabajo”, además apuntó que ha sido objeto de persecución por el gerente Panchame.
Cabe resaltar que López, fue llamada a una audiencia de descargo en el SANAA, el pasado 8 de enero de 2024, misma en la cual previamente no se le informó sobre el asunto a tratar para establecer su correcta defensa a las acusaciones, en la reunión la afectada solicitó presencia de personal en calidad de observadores del CONADEH, quienes se hicieron presentes a la reunión, pero no se les permitió el ingreso por decisión de las autoridades de Recursos Humanos de la institución, según consta en una acta levantada desde el lugar de los hechos, y en dos oficios posteriores con fecha 12 de enero de 2024 y 2 de febrero de 2024, en los que denuncian las arbitrariedades cometidas por personal a cargo del gerente Ricardo Panchame y piden se les entregue copia del caso de la periodista Alba López.
La profesional de las comunicaciones, expresó a C-Libre, que “El señor Panchame me citó a una audiencia de descargo, sin hacer alusión a la motivación de esa audiencia y sin trasmitirme las pruebas de las supuestas alegaciones por parte del señor Panchame, con el cual no me puedo defenderme, al ignorar el contenido de los señalamientos en mi contra”.
A partir de esa fecha, Alba López, fue removida de su cargo y las autoridades del SANAA dejaron de acreditar su salario mensual, por lo que interpuso las diligencias administrativas correspondientes ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, exigiendo que se le reintegre a su puesto de trabajo en aplicación estricta de lo preceptuado en el articulo 47 y 52 del Código de Trabajo vigente, y en consecuencia se le concedan todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente, entre otros beneficios y reparos laborales.
El pasado miércoles 10 de abril, ambas partes en conflicto se apersonaron a una cita conciliatoria en los despachos de Trabajo, reunión en la cual no fue posible llegar a un arreglo, dando por agotado el procedimiento administrativo gubernativo, y con ello dar paso al inicio de los tramites de la presentación de la demanda judicial en el caso de López.
Para finalizar, Alba López, argumentó al Comité por la Libre Expresión, que estas acciones en su contra, vulneran su derecho al trabajo y a la salud, inherente a cada hondureño, por que, a consecuencia de su separación del SANAA, perdió el derecho a la atención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, centro asistencia dónde tenía programada una cirugía para continuar con la recuperación de los daños a su salud producto del atentado que fue hace 16 meses, por personas hasta ahora desconocidas.
Cabe resaltar que desde C-Libre, en diciembre de 2022, se registró la alerta por agresiones a la periodista Alba López, en esa ocasión una persona del sexo femenino, impactó su automotor contra la humanidad de la defensora de derechos humanos, en el bulevar Centroamérica de Tegucigalpa, dándose a la fuga y dejando con graves heridas a la periodista.
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), en un pronunciamiento público, condenó en su momento “El atentado criminal acaecido el sábado 3 de diciembre” y sostiene que el mismo podría ser debido a represalias por la cobertura y denuncia de casos de corrupción que hacía López.
“El hecho ocurrido fue un claro atentado a la vida de nuestra compañera, que debe ser minuciosamente investigado, considerando altamente probable que este atentado no sea casual dado que la compañera es una líder y rostro visible en la lucha, ha estado en permanente denuncias y protestas en defensa de los intereses de la patria durante estos 12 años de narco dictadura”, indicaron.
C-Libre, hace un llamado a las autoridades hondureñas, a respetar los derechos laborales de los defensores de derechos humanos y de los trabajadores de la comunicación, apegándose a la Declaración de Principios de Libertad de Expresión en su artículo número nueve, el cual establece que la intimidación y amenazas, entre otras acciones desfavorables a los comunicadores, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
