ALERTA 17-2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- Se procederá con la aplicación de medidas legales pertinentes para prevenir y neutralizar cualquier acción que atente contra el Estado de derecho y la estabilidad social en el país, así mismo se dispuso medidas preventivas y de documentación mediante registros fotográficos y audiovisuales para la debida identificación de los responsables de acciones de protesta en el país, según comunicación pública de las autoridades de Seguridad.
Ante información recabada sobre planes de paralización de las principales carreteras del norte de la zona oriental del país, la Secretaria de Estado en los despachos de Seguridad emitieron el comunicado de prensa No. 20-2025 sobre la toma de vías públicas. Se menciona en la publicación que la liberta de expresión y reunión no puede interpretarse como una licencia para vulnerar el derecho fundamental a la movilidad, ni para afectar el orden público y la economía nacional.
En declaraciones a medios de comunicación, el general Miguel Martínez Madrid Director de Comunicación Estratégica de la Secretaria de Seguridad, confirmó que se va investigar y documentar a quienes se manifiesten «causando caos, acciones de violencia y privación del derecho de movilidad», sostiene Madrid que hasta el momento en el país no se habían tomado medidas para garantizar el derecho de la población que quiere movilizarse libremente por todas las vías públicas del país».
Indicó Madríd que las actividades de perfilamiento de los manifestantes ayudará a identificar «agendas ocultas para dañar el gobierno». Cabe señalar que toda persona que incendie llantas y cause terror en cualquier manifestación ciudadana será investigado y sancionado como que fuera miembro de algún grupo criminal en el país.
Diversos sectores el país condenan esta disposición de seguridad tomando en cuenta que el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), fortaleció cada una de sus intenciones políticas con la quema de llantas y tomas de carreteras, hasta llegar a la presidencia de la República. Por lo tanto para algunos ciudadanos, la postura oficial del gobierno de cara a futuras protestas puede percibirse como una medida de criminalización de la protesta social, lo que podría intensificar el malestar de los hondureños en lugar de resolver los problemas que originan estas manifestaciones.
Para el caso, Norman Mondragón ex policía depurado en el gobierno de Juan Orlando Hernández posteo en la red social X su condena y rechazo a las disposiciones de seguridad contra quienes pretendan exigir en las calles su derecho a la salud, educación y abastecimiento de medicamentos. «el gobierno de la refundición socialista quiere violentar el derecho social a la manifestación pública», tal como esta contemplado en la constitución de la República de Honduras precisamente en el artículo 79, sostiene Mondragon.
Si el pueblo esta indignado ante la corrupción, inseguridad y falta de medicamentos en los centros de salud, entonces tiene el derecho a salir a manifestarse y gritarle al gobierno si indignación, según Mondragon.
La comunidad internacional sigue con su mirada sobre la realidad nacional y las vulneraciones a los derechos humanos que se registran en el contexto electoral en Honduras. Para el caso en un informe presentado por CIVICUS y el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP) al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expone serias preocupaciones sobre la situación del espacio cívico en Honduras.
En dicho informe publicado en agosto del 2024 se destacan los desafíos existentes a pesar del marco jurídico destinado a proteger las libertades cívicas fundamentales. Para el caso este organismo internacional, indica que la situación en el país se ve agravada por el estado de excepción en curso declarado por la Presidenta Xiomara Castro en noviembre de 2022, el cual ha sido renovado de manera persistente.
Inicialmente dirigido a abordar la violencia de las pandillas, este estado de excepción ha conducido a la suspensión de derechos fundamentales, como las libertades de asociación y de reunión, y permite arrestos y allanamientos sin orden judicial. En este contexto, las autoridades han fallado en la protección de estas libertades, como lo evidencian los casos reportados de intimidación y vigilancia dirigida a los defensores de derechos humanos durante las protestas.
Para conocer más detalles del informe internacional http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://civicusmonitor.contentfiles.net/media/documents/Honduras.2024.ES.pdf
Desde las oficinas del Comité por la Libre Expresión, instamos a las autoridades de gobierno a que asuma una posición que promueva y defienda la libre expresión de la población, puesto que representa una oportunidad para que los ministros, gobiernos locales, directores de programas de desarrollo conozcan de primera mano las áreas de trabajo en las que se necesita la presencia del gobierno.
Por otra parte, en la Constitución de la República de Honduras, el derecho de la protesta ciudadana está relacionado principalmente con los derechos de libre expresión, asociación y reunión.
– Artículo 72: Establece que «toda persona tiene derecho a expresar su pensamiento en público o en privado, por cualquier medio, sin que pueda ser objeto de censura, limitación o persecución por sus opiniones». Este derecho es esencial para la protesta ciudadana, ya que la manifestación pública de opiniones puede ser vista como una forma de ejercicio de la libertad de expresión.
– Artículo 78: Este artículo establece que «toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos y a reunirse pacíficamente». Las protestas suelen ser un ejercicio de este derecho, al reunir a personas con un propósito común y pacífico.
– Artículo 84: indica que «el pueblo tiene el derecho de resistir por todos los medios, cuando no fuere posible otro recurso, la opresión que ejerzan los poderes públicos». Este derecho puede interpretarse como un respaldo a la resistencia social o protesta frente a situaciones de abuso o violación de derechos humanos. Finalmente C-Libre destaca que protesta debe llevarse a cabo de manera pacífica, respetando los límites establecidos en la ley para evitar el uso de violencia o actos que puedan poner en peligro el orden público.
