ALERTA 11-2026
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- Los ciudadanos Erlin Armando Mejía Andino, persona usuaria de silla de rueda y Allan Javier Mejía Núnez comentaron en las redes sociales que son víctima de robo, amenazas, insultos y/o descalificaciones por miembros de la empresa privada de seguridad asignada en el Centro Cívico Gubernamental (CCG).
Erlin y Allan, desde hace cuatro meses se instalaron en las afueras del CCG en una acción de protesta ciudadana pacífica, aunque la intención era ocupar un espacio en el interior pero fueron desalojados de manera forzada por los agentes de seguridad privada. En diálogo con el equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-libre), Allan comentó que permanecen en huelga de hambre como forma de protesta pacífica para exigir la instalación de un diálogo nacional con participación de todos los sectores de la sociedad y veeduría de organismos internacionales
Erlin Andino, usuario de silla de ruedas, regresó al país desde Suecia con la decisión de instalarse frente al complejo gubernamental como un acto simbólico y político que, según ha manifestado públicamente, busca llamar la atención sobre lo que considera una crisis institucional y una profunda polarización nacional.
Según lo registrado por un diario digital en Honduras: https://contracorriente.red/2025/10/22/dos-ciudadanos-mantienen-huelga-de-hambre-para-exigir-un-dialogo-nacional/
Ambos ciudadanos han señalado que su acción responde a convicciones personales vinculadas a la defensa de la democracia y no a aspiraciones electorales o partidarias, sin embargo en el marco de esta protesta, denuncian públicamente que la empresa privada de seguridad EMISE, contratada para la custodia del CCG, estaría incurriendo en actos de hostigamiento, perfilamiento e intimidación en su contra. De acuerdo con sus declaraciones, estas acciones incluirían vigilancia constante, provocaciones y la utilización de terceros para generar situaciones que podrían afectar su integridad física y desacreditar su protesta.
Además detallan que entre lo robado, en su campamento de protesta, se hayan celulares y computadoras, aparatos que se constituyen como instrumentos de vital importancia pues con ellos realizaban registros documentales y audiovisuales de la protesta así mismo de otro datos personales y de la protesta pacífica “nos mandan un sujeto en estado de ebriedad y otro con supuestamente problemas, tiran objetos pesados sobre la carpa con intención de hacernos daño”, comentó Allan
Trasciende que se han interpuesto las denuncias del caso antes las instancias policiales del Distrito Central
C-Libre observa con preocupación estas denuncias, en tanto la protesta social constituye una forma legítima de ejercicio de la libertad de expresión, de hecho la huelga de hambre, como mecanismo de manifestación pacífica, se encuentra protegida por el derecho a la libre emisión del pensamiento y el derecho de reunión y asociación reconocidos en los artículos 72 y 79 de la Constitución de la República de Honduras.
Asimismo, Honduras es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que establecen la obligación estatal de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y la reunión pacífica sin interferencias indebidas.
Los estándares internacionales desarrollados por el sistema interamericano han reiterado que el Estado no sólo debe abstenerse de restringir arbitrariamente la protesta social, sino también prevenir actos de terceros que puedan afectar la vida o integridad de quienes se manifiestan. En contextos donde participan empresas privadas que ejercen funciones de seguridad en espacios de interés público, la obligación de garantía se mantiene vigente, dado que la responsabilidad estatal no se diluye por la tercerización de servicios.
Los huelguistas han solicitado públicamente el cese del contrato de la empresa de seguridad y han dejado constancia de que responsabilizan a autoridades gubernamentales y a la empresa mencionada por cualquier daño que pudiera ocurrir durante el desarrollo de su protesta pacífica. También han denunciado la falta de activación de mecanismos de protección pese a las alertas realizadas.
C-Libre documenta esta situación en el marco de su monitoreo permanente sobre libertad de expresión y protesta social en Honduras. La persistencia de actos de intimidación o perfilamiento contra personas que ejercen una manifestación pacífica podría constituir una forma de restricción indirecta al derecho a expresarse y participar en los asuntos públicos.
La organización deja constancia pública de estas denuncias y del contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran Erlin y Allan Mejía mientras continúan su huelga de hambre, reiterando que la protesta social es una expresión legítima en una sociedad democrática y que su protección es una obligación del Estado hondureño conforme a la normativa interna y a los compromisos internacionales asumidos.
